Organizar la resistencia cívica a una estafa

Fiel a su estilo, el titular de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro, se despachó contra el gobierno nacional a través de una carta abierta, referida al decreto que trasladaba a los consumidores, la diferencia producida por la suba del dólar, sosteniendo que esto “era una estafa”

El decreto que trasladaba a los consumidores la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato firmado con productoras y distribuidoras de gas a partir de enero era una estafa. En realidad sigue siéndolo, si es el Estado el que pagará los cristales rotos de una disputa entre empresas. En definitiva, el Estado somos todos.

No hay movilización callejera, diálogo sin oídos sordos, iniciativa legislativa ni judicial que el Gobierno atienda, por lo general. El pueblo, y los trabajadores más humildes en particular, no podemos esperar a diciembre de 2019 para torcer el rumbo. Debemos construir una resistencia cívica a los aumentos de gas y a todas aquellas medidas ilegítimas que nos perjudican aún más.

Necesitamos entender que el ajuste no es producto sólo de factores externos y, en alguna medida, de la herencia interna. Es consecuencia sobre todo de las políticas económicas que implementó este gobierno para favorecer a los capitales.

Los 10 mil millones de pesos en 30 cuotas que asumirá el Estado es el monto que adeudarían las distribuidoras del servicio de gas natural a las productoras. Aquellas compraron gas a un dólar a 20,55, que es el precio establecido en los contratos vigentes entre abril y septiembre. Ante semejante posibilidad de maximizar su renta, las productoras ejercieron presión. Y junto a las distribuidoras recurrieron al Gobierno con el andamiaje legal creado en años de convertibilidad, para que esa ganancia la paguemos nosotros.

Como señala Claudio Lozano, economista director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), hay que modificar la legislación desreguladora heredada de los noventa, que hoy puede ser utilizada en favor de la “seguridad jurídica” de los contratos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, cuando el esquema de convertibilidad caducó y los saltos cambiarios están a la orden del día.

Pero también deberíamos repensar si las tarifas deben estar asociadas a una moneda extranjera. ¿Cuáles son los costos de explotación en pesos del sistema de energía argentino? ¿Es legítimo el nivel de rentabilidad empresaria, al lado de la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos los trabajadores?

Otras de las medidas que incluyó el decreto del secretario de Energía Javier Iguacel es un nuevo aumento general de la tarifa de gas con subas de hasta el 60% para los usuarios de menor consumo en todo el país. En la Patagonia las facturas podrían duplicarse. Falta todavía la resolución de Camuzzi.

Vaya paradoja: la suerte de los bolsillos patagónicos quedará en manos de la empresa que sólo entre el tercer trimestre de 2016 y 2017 facturó seis veces más que el resto de la cúpula empresarial argentina: un 153,5%, muy por encima de la evolución interanual del 23,5% del PBI e, incluso, del 26,4% promedio obtenido por las 53 firmas que componen la crema de la burguesía local.

El documento sostiene que, si además se tuviera en cuenta el ajuste de costos que realizó Camuzzi para maximizar su renta, la facturación evolucionó un 666% más: muy lejos del 26,2% promedio del resto de las empresas; y por encima del 209% promedio de las ocho firmas beneficiadas con los tarifazos.

Hay otro elemento sorprendente que arroja el informe: el resultado neto de la facturación de Camuzzi, es decir, el resultado de facturación obtenido luego del pago del Impuesto a las Ganancias, se ubica en un 572% más que un año antes; sólo por debajo de Metrogas (1148%).

Por decantación, cae el argumento oficial de que los incrementos de tarifas vinieron a sustituir los subsidios del Presupuesto Nacional. Más bien, vinieron a abultar las ganancias netas apropiadas por las empresas de servicios, que durante el año próximo serán más robustas.

Quienes estamos al frente de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de consumidores debemos convocar a un frente que despliegue con decisión medidas tendientes a frenar estos abusos.

En nombre de la CTA Autónoma de Río Negro no vamos a priorizar alguna, solamente las ponemos sobre la mesa. Desde la desobediencia civil, hasta las protestas callejeras. Son ellos, o nosotros.

Secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro.

FM Kyrios

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